Bolivia necesita elecciones, pero el covid-19 lo hace difícil


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ON 21 DE ABRIL, un mes después del cierre de Bolivia, policías antidisturbios invadieron la casa de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, una ciudad en el departamento de Cochabamba, y candidata al Senado por el movimiento de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS). Su familia, su conductor y un amigo estaban celebrando el 27 cumpleaños de su hijo con pastel y chicha, una bebida de maíz fermentado. Los nueve fueron encarcelados durante dos noches y acusados ​​de violar las órdenes de cuarentena.

Dos semanas después, aparecieron fotos en Facebook de una fiesta de cumpleaños en La Paz, la capital administrativa de Bolivia, de la hija de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, una católica conservadora. Dos invitados habían viajado desde Tarija, un departamento en el sur, en un avión de la fuerza aérea. Los críticos de Áñez la acusaron de hipocresía. Ella había denunciado tales abusos de poder por parte de Evo Morales, su MAS predecesor, quien renunció a fines del año pasado luego de que un intento de manipular su reelección provocó protestas en las que murieron al menos 36 personas.

Da la casualidad de que la Sra. Arce fue una víctima de esas protestas. El 6 de noviembre, una turba de opositores a Morales la arrastró fuera del ayuntamiento, le cortó el pelo, la bañó con pintura roja y la hizo desfilar por la ciudad. La fiesta de cumpleaños que rompió las reglas de la Sra. Áñez muestra que, ahora que ella está en el poder, la antigua oposición está “haciendo exactamente lo que criticaron”, dice la Sra. Arce.

Esta historia de dos festividades es una señal de que las heridas del año pasado todavía están abiertas. Para curarlos, se suponía que Bolivia volvería a realizar las elecciones presidenciales y del Congreso el 3 de mayo, libre del fraude que empañó la votación de octubre pasado. La pandemia los ha pospuesto. Áñez impuso uno de los bloqueos más estrictos de América Latina, con duros castigos para los infractores, y se resistió a fijar una fecha para las elecciones. Inicialmente prometió dejar el cargo cuando un presidente recién elegido asumiera el cargo. Pero en enero dijo que estaría entre los candidatos. Los enemigos la acusan de hacer un mal uso de la pandemia para asegurar su control del poder.

Una elección justa le quitaría a Áñez el poder que ha acumulado o legitimaría su control sobre él. El país necesita ese voto para evitar el regreso de la violencia. Pero la mayoría de la gente apoya su manejo de la pandemia y no tiene prisa por votar. Nadie sabe cuándo terminará el limbo del encierro. Mientras dure, los bolivianos tendrán que estar alerta para que Áñez no abuse de la confianza que han depositado en ella.

En Bolivia, un bloqueo estricto es la “única arma” del gobierno contra el covid-19, dice un diplomático. Con una población de 11 millones, el país tiene solo 430 camas de cuidados intensivos y 190 médicos calificados para tratar a los pacientes que las ocupan. Morales, quien se benefició de un auge en los ingresos del gas natural durante su presidencia de 14 años, gastó dinero para reducir la mortalidad materna e infantil. Pero hizo poco por fortalecer el sistema de salud. El año pasado, como táctica preelectoral, lanzó la atención médica universal gratuita. Pero no pudo presupuestar las clínicas, los suministros y los 20.000 profesionales necesarios para proporcionarlos, dice Fernando Romero de Sirmes, el sindicato de trabajadores de la salud pública en La Paz. Los médicos reaccionaron organizando meses de huelgas. Para el 13 de mayo de este año, Bolivia había realizado solo 13.605 pruebas para el virus, una de las tasas más bajas de la región.

Según las reglas de encierro de la Sra. Áñez, solo se permite salir una persona de cada hogar una vez a la semana, entre las 7 am y el mediodía. Algunas medidas parecen más políticas que protectoras. El decreto que establece el encierro, publicado el 25 de marzo, penaliza a “las personas que incitan al incumplimiento” y “desinforman o generan incertidumbre a la población”. Esto se ha utilizado para procesar a decenas de “guerreros digitales”. Mauricio Jara, por ejemplo, restó importancia a la amenaza del virus y calificó al gobierno de “dictatorial” en grupos de WhatsApp como “Evo el mejor”. Fue acusado de sedición y de poner en peligro la salud pública y encarcelado. El 10 de mayo el gobierno endureció el decreto. Ahora la información de “cualquier forma, ya sea escrita, impresa o artística”, que socave la cuarentena puede dar lugar a cargos.

Tal comportamiento genera temores de que Áñez esté reemplazando el gobierno autoritario de Morales con su propia versión conservadora. “Necesitamos evidencia de que una vez que termine la etapa más crítica de la pandemia, la intención del gobierno es terminar su mandato lo antes posible”, dice Carlos Mesa, un candidato centrista a la presidencia. El 30 de abril la legislatura, que está controlada por MAS, aprobó una ley que establece como fecha límite el 2 de agosto para las elecciones. (El tribunal electoral había propuesto una fecha entre el 7 de junio y el 6 de septiembre). Los legisladores del partido de Áñez impugnaron la ley en la corte constitucional cuando la legislatura anuló su veto.

Esto, más las acusaciones de corrupción en el Ministerio de Defensa y la empresa estatal de petróleo y gas, ha alejado a los críticos de Morales, que inicialmente la apoyaron. “Durante la luna de miel, todos miramos para otro lado”, admite Raúl Peñaranda, periodista. Cuarenta y ocho periodistas emitieron un comunicado en el que calificaron el arresto de Jara de ilegal. Incluso el compañero de fórmula de Áñez, Samuel Doria Medina, no defiende la parte del decreto en la que se basó. “Francamente, fue un error, absurdo”, dice. “En una democracia no se hace ese tipo de cosas”. Él culpa al Ministerio de Justicia, no a la Sra. Áñez.

En algunas partes de Bolivia, la sospecha sobre ella y las privaciones provocadas por el encierro están provocando nuevos brotes de violencia. El 30 de abril, manifestantes en El Alto, un vecino pobre de La Paz, arrojaron piedras a los autobuses que transportaban trabajadores médicos. Exigían nuevas elecciones y el fin del bloqueo. El 11 de mayo, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes en Cochabamba que estaban bloqueando carreteras y quemando neumáticos. “Si no hay pan para los pobres, no hay paz para los ricos”, decía un cartel.

MAS espera beneficiarse de tales sentimientos. Se astilló después de que Morales huyó del país. Bajo su liderazgo desde el exilio en Argentina últimamente se ha vuelto más unida y estridente. Luis Arce (sin relación con Patricia), el candidato presidencial del partido, es su elección. Algunos MAS los políticos han sugerido que la pandemia es una invención de la derecha. El Sr. Doria Medina acusa al partido de explotar las privaciones.

Aún así, los descontentos son una minoría. En una encuesta realizada por Ipsos del 2 al 7 de mayo, el 69% de los encuestados aprobaron el manejo de la pandemia por parte de Áñez. El gobierno ha otorgado subsidios a familias y trabajadores informales por valor de hasta 500 bolivianos ($ 73) por persona, lo que puede ayudar a explicar ese apoyo. Los bolivianos se adhieren al encierro con más rigor que los ciudadanos de cualquier otro país latinoamericano, según datos de Google Analytics. Dos tercios no quieren que se celebren elecciones en los próximos 90 días. Una encuesta realizada por Ciesmori en abril encontró que la Sra. Áñez encabezó a los ocho candidatos presidenciales, con un 26% de los votantes planeando respaldarla. El Sr. Arce estaba justo detrás con un 24%. Pueden enfrentarse entre sí en una segunda vuelta.

Salvador Romero, el respetado presidente del tribunal electoral, planea celebrar la elección antes de la fecha límite del 2 de agosto de la legislatura, asumiendo que la corte constitucional no la revoque. Bolivia no puede seguir el ejemplo de los países más ricos que han extendido la votación durante varios días o han pasado a votar por correo, dice Romero. Eso sería una pesadilla logística. La comisión planea capacitar a los trabajadores electorales en pequeños grupos. La votación en sí tendrá lugar como de costumbre, probablemente con desinfectantes de manos y mascarillas. La votación es obligatoria, pero muchos bolivianos pueden quedarse en casa a menos que crean que la pandemia está bajo control. Eso puede llevar a los perdedores a cuestionar la legitimidad de los resultados. Bolivia aún está lejos de una cura política.

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Este artículo apareció en la sección de las Américas de la edición impresa con el título “En el limbo”.

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