La política de destrucción y creación de Perú


TIME FUE cuando los inversores creían que la economía de rápido crecimiento de Perú era inmune a su política. Ese argumento, siempre cuestionable, fue probado casi hasta la destrucción este mes. Con el país sufriendo un vacío de poder y al borde de caer en un caos violento, el 16 de noviembre un Congreso avergonzado eligió a Francisco Sagasti, un académico centrista de 76 años, como presidente interino del país. Es el cuarto hombre en ocupar el cargo más alto desde las últimas elecciones presidenciales en 2016.

En Mr Sagasti Perú ha encontrado un boleto ganador en su lotería política. Las suyas son las manos más seguras imaginables, pero su tarea no es sencilla. Es para hacer frente a la pandemia y la recesión económica, ambas particularmente severas en Perú, mientras conduce al país a través de las elecciones generales previstas para abril. Su unción se produjo tras el fracaso de una toma de poder por parte de elementos del Congreso, que el 9 de noviembre votaron por 105 a 19 para derrocar a Martín Vizcarra, presidente desde 2018, por “incapacidad moral”.

El poder pasó a Manuel Merino, presidente del Congreso. Con razón o sin ella, muchos peruanos vieron en esto un complot para posponer las elecciones y promover intereses privados turbios. Merino nombró primer ministro a Ántero Flores-Aráoz, un hombre de 78 años de extrema derecha que ganó solo el 0,4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2016. Su práctica legal representa a universidades privadas deficientes que están tratando de revertir una reforma universitaria. Sus partidarios querían asaltar el tesoro mediante obsequios populistas.

Esta toma de control provocó las mayores protestas callejeras en Perú en 20 años, principalmente de jóvenes y desafiando un estado de emergencia relacionado con la pandemia. Se encontraron con una brutal respuesta policial. Dos manifestantes murieron y muchos resultaron heridos. Con su táctica colapsando, el Sr. Merino renunció y desapareció rápidamente. Su golpe de Estado destacó la forma en que los partidos políticos en Perú se han convertido en vehículos para los intereses privados y para evadir la justicia. Algunos legisladores pagan lugares en las listas de partidos y esperan un retorno. Aunque 68 de los 130 miembros del Congreso enfrentan cargos criminales de varios tipos, la legislatura protege a los suyos del enjuiciamiento.

El episodio de este mes marcó el clímax de años de conflicto que recorre varios ejes. Uno se remonta a Alberto Fujimori, quien gobernó como autócrata de 1990 al 2000. Derrotó al movimiento terrorista Sendero Luminoso y reformó la economía, pero su régimen era corrupto. Su hija, Keiko, fracasó por poco en ganar las elecciones en 2016 debido afujimoristas de todos los colores unidos contra ella. Su partido usó su mayoría en el Congreso para frustrar el programa de gobierno del ganador, Pedro Pablo Kuczynski.

Otra fuente de conflicto es la corrupción y su armamento. Kuczynski renunció en 2018 para evitar un juicio político por conflictos de intereses. Permanece bajo arresto domiciliario. Sus tres predecesores están todos acusados: uno espera la extradición de Estados Unidos, otro se suicidó y un tercero pasó tiempo en la cárcel. La corrupción es, de hecho, sistémica en el Perú y los peruanos lo saben. Pero la presunción de inocencia y el sentido de la proporción se han perdido. No se ha juzgado a ningún líder. La Sra. Fujimori pasó 16 meses en la cárcel por presuntas violaciones al financiamiento de campañas. Los fiscales están tratando de hacer desaparecer a su partido. Vizcarra era popular, a pesar de un historial mediocre y una gestión lamentable de la pandemia, porque defendía la causa de la lucha contra la corrupción. Pero el pretexto para su destitución sumaria fue la evidencia de que había sido corrupto cuando era gobernador provincial (alegación que él niega).

La tercera falla es la batalla entre el ejecutivo y el Congreso, que Vizcarra exacerbó. Trató de impulsar reformas políticas. Uno de los pocos aprobados impidió imprudentemente a los legisladores participar en mandatos consecutivos. El año pasado disolvió el Congreso en una batalla por nombramientos para el Tribunal Constitucional. El nuevo Congreso, elegido en enero, es aún menos competitivo. Dado que sus miembros servirán solo por 19 meses y no pueden estar de pie el próximo año, no tienen ningún incentivo para comportarse decentemente.

Están entrando en vigor reformas más útiles para las elecciones de abril, incluida la eliminación de partidos menores y la prohibición de candidatos acusados ​​de delitos graves. Varios aspirantes a la presidencia son populistas, algunos de ellos peligrosos. A los que no lo estén, les resultará difícil formar una coalición reformista en la próxima legislatura. Una cosa está clara: las multitudes de millennials en las calles quieren una mejor democracia. Conseguirlo será mucho más difícil que perseguir al Sr. Merino.

Este artículo apareció en la sección de las Américas de la edición impresa con el título “La política de destrucción”.

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