Una convención constitucional en Chile podría forjar un nuevo contrato social


GRAMOENERAL MANUEL BAQUEDANO es —o fue— un héroe nacional chileno, como el comandante militar que derrotó al Perú en la guerra del Pacífico. Durante casi un siglo, su estatua ecuestre de bronce se ha alzado sobre una plaza que marca el corazón emocional de Santiago, un lugar de encuentro para fanáticos del fútbol y manifestantes. Sin embargo, cuando Chile fue sacudido a fines de 2019 por una explosión de vandalismo violento y protestas masivas pacíficas, la estatua se convirtió en un objetivo, el símbolo de un orden establecido que algunos consideran intolerable. Después de que fue cubierto repetidamente con pintura en aerosol y prendido fuego, en medio de la noche del 12 de marzo, las tropas se lo llevaron para su restauración.

Para los conservadores, su destitución representó la derrota de la mafia para el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Sin embargo, el símbolo más poderoso puede ser el pedestal de piedra vacío que dejaron los soldados. Chile se está embarcando en un proceso de redefinición potencialmente constructivo, con la elección el 10 y 11 de abril de una convención para redactar una nueva constitución. Muchos esperan que esto aísle los violentosy forjar un nuevo contrato social que cree un país más justo, pero aún capitalista.

Durante la mayor parte de las tres décadas transcurridas desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet en 1990, Chile fue un éxito. Combinó una economía de mercado en rápido crecimiento con el estado de derecho. Pero a medida que se volvía menos pobre, crecía el descontento por la reducción de oportunidades, la segregación de los sistemas de salud y educación y los abusos de las empresas monopólicas. Cuando la ira estalló, los políticos encontraron una manera de calmarla ofreciendo un plebiscito sobre la creación de la convención. Se llevó a cabo en octubre. Alrededor del 78% votó a favor con una participación del 51%, la más alta desde que la votación se volvió voluntaria en 2012.

Aunque muy enmendada, la constitución existente tiene el pecado original de ser creación de Pinochet. A menudo también se denuncia como un documento “neoliberal”. Bajo sus auspicios, la dictadura asignó un papel importante al mercado en la provisión de pensiones, atención médica y educación. Sin embargo, sus mayores defectos son que tiene intereses creados arraigados y hace que algunas leyes sean demasiado difíciles de cambiar.

El ejercicio constitucional conlleva dos riesgos contrapuestos: de demasiado cambio o de muy poco; del populismo de izquierda o el fracaso de la derecha en reconocer que muchos chilenos han perdido la fe en el sistema. Existen salvaguardias, especialmente contra la primera. Todo debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los 155 miembros de la convención, lo que obliga a la negociación y al compromiso. Es “un proceso muy institucionalizado”, dice Isabel Aninat, profesora de derecho y exasesora de Piñera. Ella cree que los comités de la asamblea basarán sus deliberaciones en el documento existente, la historia constitucional de Chile y los estatutos de algunos otros países. En parte debido a la pandemia, el estado de ánimo del país es más tranquilo que hace 18 meses. Es probable que los cinco partidos de la derecha, unidos en una sola lista de candidatos, obtengan más de un tercio de los escaños de la convención, mientras que a la extrema izquierda dividida le irá peor de lo que esperaba.

La nueva carta implicará un poco más de estado y un poco menos de mercado. Que el documento sea o no fiscalmente asequible dependerá de la extensión y el detalle de su probable garantía de “derechos sociales”. Los derechos de agua, que actualmente se mantienen de forma privada y a perpetuidad, son un tema delicado. A muchos chilenos les gustaría ver más descentralización y algunos un sistema semiparlamentario. Las empresas quieren límites claros a la intervención estatal. Algunos creen que la regla de los dos tercios conducirá a un documento minimalista, que para América Latina, donde las constituciones tienden a ser prolijas, sería verdaderamente revolucionario. Pero también es posible que el intercambio de caballos dé lugar a una plétora de cláusulas.

En un país donde los políticos y las instituciones, desde la iglesia católica hasta la policía, están desacreditados, el proceso es casi tan importante como el producto. Hay novedades importantes: la asamblea debe tener un número prácticamente igual de mujeres y hombres, 17 escaños están reservados para los indígenas y es probable que se elijan varios candidatos que se presenten a listas independientes (los partidos también han abierto sus listas a los independientes).

Pero habrá distracciones. Las elecciones generales se celebrarán en noviembre. Las demandas de transparencia pueden obstaculizar las sesiones a puertas cerradas que facilitarían el compromiso. Al final, la prueba más importante será si la convención restablece la confianza en la política democrática y produce un plan factible para el cambio. Hágalo bien y Chile volverá a ser un modelo para la región.

Este artículo apareció en la sección de las Américas de la edición impresa con el título “Después de la tormenta”.



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